Opinión: los intentos de la SADE por convertirse en recaudador obligatorio de los derechos de autor

12 de mayo de 2000

No puedo ocultar la indignación que me produce la persistencia con que la Sociedad Argentina de Editores (SADE) procura la sanción de leyes que le permitan incrementar su patrimonio mediante el suministro, a los autores argentinos, de servicios obligatorios que éstos no le han pedido. Estos intentos comenzaron en 1985 (si es que no antes) y fracasaron en todos los casos, pero a cada fracaso le sigue un nuevo intento.

El 15 de marzo de 2000 la SADE (a través de la diputada Olijela del Valle Rivas) presentó un nuevo y anticonstitucional proyecto de ley (expediente 0780-D-00) que en caso de prosperar dispondría que dicho ente quede a cargo de la percepción de ciertos derechos económicos de autor, incluidos los de la edición de libros. Para que no queden dudas, el proyecto señala que las personas de existencia visible o ideal, nacionales o extranjeras que hayan de percibir derechos económicos para sí o en representación de terceros, deberán actuar a través de la SADE.

De acuerdo con el proyecto de ley, cada autor argentino debería:

  1. Permitir que parte de su patrimonio sea manejado por un tercero (la misma SADE).
  2. Pagar a la SADE una "comisión" por un "servicio de protección", aunque no le interesase adquirirlo o aunque quisiese contratarlo con otra entidad.
  3. Incorporar a su planeamiento financiero la contingencia de que sus derechos de autor le sean pagados con demora.
  4. Sufrir, en definitiva, el despojo de parte de su patrimonio, para beneficio de los integrantes de la burocracia que el nuevo monopolio constituya para el cumplimiento de su cometido y de los socios de la SADE, que son quienes aprovecharían la diferencia entre los ingresos que les proporcionaría su hasta ahora frustrado "servicio de protección" y los costos que demandare su prestación.
Nótese que:
  1. La imposición de la obligatoriedad de comprar un servicio innecesario para beneficio de un tercero (en el caso, la SADE) atentaría contra la libertad de contratación y contra el derecho de las personas a usar y disponer libremente de su propiedad, protegido por el art. 14 de la Constitución Nacional.
  2. El proyecto es incompatible con la política de desregulación económica. Si años atrás se prohibió el cobro centralizado de honorarios (decreto 2.294/91, art. 9º) sería paradojal que ahora se obligase al cobro centralizado obligatorio de derechos de autor.
  3. Según un artículo de Ramiro Pellet Lastra que La Nación publicó el 16 de diciembre de 1996, el actual presidente de la SADE (Carlos Paz) reconoció que "los autores más notorios no han respaldado la idea". Por lo tanto, la SADE no podría argumentar que su proyecto cuenta con el beneplácito de los autores argentinos, a los que por otra parte no representa.
  4. Ningún proyecto como el presentado por la SADE puede ser defendido a partir de la asimilación de los derechos de autor y los derechos de reproducción de piezas musicales. La intervención de un organismo centralizador (como SADAIC) es necesaria cuando el titular de los derechos tiene muchos deudores, pero no cuando hay uno sólo (el editor).
  5. Tampoco el hecho de que algunos autores pudieren tener hoy problemas para la cobranza de sus derechos justificaría que todos debamos entrar en un régimen obligatorio con las características del comentado.
  6. En todo caso, y sin necesidad de ley alguna, la SADE podría ofrecer servicios a los autores en materia de cobranza de derechos de autor, de asesoría legal o de auditoría de ejemplares impresos y vendidos. En rigor, cabe preguntarse por qué la SADE no lo ha hecho hasta ahora y si tendría alguna capacidad real para hacerlo.. Sobre este punto, en la referida nota de La Nación se informa que María Elena Walsh ha señalado que ella y otros artistas "desconfían de la capacidad de la SADE porque es una sociedad más bien ornamental".

Es de esperar que: