Opinión: los cortes de rutas

6 de marzo de 2004

Todo ciudadano tiene el derecho constitucional de peticionar a las autoridades.

Las peticiones razonables deben ser consideradas, estudiadas y, si así correspondiere, satisfechas.

Pero ninguna petición, por atendible que sea, debe estar sostenida con actos que afecten los derechos de los ciudadanos comunes o que constituyan delito.

El corte de una ruta, al impedir el libro ejercicio de los derechos constitucionales de los argentinos, es un acto de violencia. Y es, también, un delito que el art. 194 del código penal reprime con prisión de tres meses a dos años.

Quien comete un delito es un delincuente.

Todo delincuente debe ser identificado, procesado y condenado.

Las autoridades tienen la obligación de cumplir y hacer cumplir la ley. Si no lo hacen, cometen el delito de incumplimiento de los deberes de funcionario publico, reprimido por el art. 248 del mismo código penal.

Cuando un delito está en ejecución, las autoridades tienen la obligación de adoptar las medidas que sean necesarias para hacer cesar esa situación y para identificar y detener a sus autores, sin que esto justifique el ejercicio de acciones represivas que excedan al propósito indicado.

No reprimir a los autores de un delito que se ejecuta ante la vista del resto de la sociedad es una invitación para que cualquier persona sostenga sus pretensiones con actos de violencia. ¿Si el otro no fue castigado, por qué he de serlo yo?. Y esto forma parte del camino hacia la anarquía.