Opinión: el PEN quiere quedarse con los aportes voluntarios de los afiliados al régimen de capitalización

3 de febrero de 2010

En diciembre de 2008, mediante un operativo relámpago, el Poder Ejecutivo Nacional logró que el Parlamento sancionase la ley 26.425, que convirtió al sistema previsional mixto en un "régimen de reparto".

Gracias a dicha ley, el PEN tomo posesión de los ahorros acumulados por los aportantes a los fondos de jubilaciones y pensiones. La norma permitió la apropiación de los ahorros originados en los aportes obligatorios a dichos fondos, pero ahora el PEN quiere quedarse también con los aportes voluntarios y sus rendimientos acumulados.

El artículo 6 de la ley 26.425 dispuso que los titulares de los saldos provenientes de esos aportes voluntarios podrían transferirlos a la ANSES para mejorar sus futuros haberes previsionales o a una AFJP, previa reconversión del objeto social de ésta para adecuarla a tal finalidad. También estableció que el PEN debía dictar las normas pertinentes a tales fines.

¿Qué hizo el PEN? Dejar pasar el tiempo. Recién el 18/12/09, a más de un año de la sanción de la ley, la Gerente de Diseño de Normas y Procesos de la ANSES emitió una resolución (la 134/09) reglamentando las condiciones que deben cumplir las AFJP interesadas e indicando que éstas deben inscribirse en un registro hasta el 19/02/10. Para que las AFJP tengan menos tiempo para evaluar la situación, la publicación de la resolución en el Boletín Oficial se demoró cuatro semanas más (se efectuó el 15/01/10). Por otra parte, es significativo que una norma legal tal importante haya sido dejada en manos de una gerente.

¿Para qué las demoras? Para que en el intervalo las AFJP existentes a diciembre de 2008 dejasen de funcionar, ya que la espera con inactividad implica pérdidas por la existencia de costos fijos.

¿Cuál es el propósito perseguido? Qué ninguna AFJP se reconvierta o que sólo la del Banco Nación lo haga, de modo que los titulares de depósitos voluntarios deban optar entre transferirlos a la ANSES o entregarlos en gestión a una entidad estatal que venía siendo manejada por una fiel seguidora del matrimonio presidencial, a quien recientemente el kirchnerismo propuso como Presidenta del Banco Central de la República Argentina en reemplazo de Martín Redrado.

Entregar fondos de nuestra propiedad a la ANSES o a la AFJP del Banco Nación es como contratar a un zorro para que cuide nuestro gallinero. Lo más probable es que las autoridades de esos organismos los presten al PEN con alguna tasa de interés que no llegue a compensar la inflación (la verdadera) o con una cláusula de actualización basada en el CER. Como se sabe, este indicador se calcula a partir de un índice de precios al consumidor que el INDEC falsifica. Con el tiempo, el poder adquisitivo de los fondos administrados perderá poder adquisitivo y el despojo se habrá consumado.

Nuestros diputados y senadores deberían modificar la ley 26.425 y dar a los propietarios de los aportes voluntarios la opción de requerir su devolución inmediata. Por otra parte, la suma a serles devueltas debería ser corregida para (a) eliminar los efectos de las maniobras que el Gobierno perpetró para que los valores de las cuotas parte de los fondos de jubilaciones llegasen a un mínimo a la fecha de su apropiación por parte del Estado y (b) considerar los cambios favorables que después de dicha fecha tuvieron los precios de los activos integrantes de esos fondos.

Separadamente, el Poder Judicial debería evaluar la responsabilidad penal de los titulares del PEN, del Ministerio de Economía, de la ANSES o de cualquier otro funcionario que haya instigado, ocasionado o permitido la demora incurrida en la reglamentación del artículo 6 de la ley 26.425, que según mi percepción fue deliberada.